Las autoridades y gran parte de la población de Birmania (Myanmar) amaneció hoy indiferente al aniversario de la crisis que hace un año desencadenó el éxodo de más de 700.000 miembros de la minoría rohinyá a Bangladesh.
El 25 de agosto de 2017, un grupo de militantes del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARSA), calificado de "terrorista" por las autoridades birmanas, atacó una treintena de puestos policiales en el estado Rakáin (antiguo Arakan), en el oeste del país.
El ataque galvanizó una operación militar en marcha en la región que causó la huida en masa de la población rohinyá, una minoría en gran parte musulmana a la que las autoridades de este país de mayoría budista niegan la ciudadanía y califican de "bengalíes".
En un comunicado, ARSA afirmó su intención de continuar con la lucha para permitir el regreso de los rohinyás a Rakáin y acusó a las autoridades birmanas de buscar la destrucción de su pueblo.
No hay mención de estos eventos en la portada de hoy del diario oficialista Global New Light of Myanmar, que solo incluye una pequeña noticia en sus páginas interiores sobre una visita organizada por el Gobierno de periodistas locales y extranjeros a Rakáin los días pasados.
En una aldea de este estado, un musulmán rohinyá explicó hoy a Efe a través de una red social que la situación está "en calma" pero hay una gran presencia de policía de fronteras y soldados en la zona.
El rohinyá, que no reveló su nombre por miedo a que se tomen represalias en su contra, no tiene libertad de movimiento y vive estrechamente vigilado, como el resto de los miembros de su comunidad.
"Ha pasado un año desde las operaciones militares en Arakan y la seguridad es estricta", apostilló el musulmán.
Los soldados birmanos fueron acusados por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos para los Derechos Humanos de cometer una operación de "limpieza étnica" con indicios de "genocidio" mediante asesinatos, violaciones masivas y quema de hogares en agosto de 2017.
El Ejército birmano ha negado las acusaciones, excepto en el caso de siete soldados que fueron condenados a diez años de cárcel por la matanza de una decena de rohinyás, un caso destapado por dos periodistas de Reuters que están siendo juzgados por revelar secretos de Estado.
Los militantes de ARSA mataron el año pasado a doce policías y están acusados de asesinar también al menos a 99 hindúes, incluidos mujeres y niños, en Rakáin, según las autoridades locales y Amnistía Internacional.
En 2016, ARSA protagonizó otro ataque en este mismo estado que provocó al menos la huida de 60.000 miembros de esta comunidad a Bangladesh.
La actual crisis se produce tras años de discriminación contra los rohinyás, que exigen la ciudadanía y ser considerados un grupo étnico, así como décadas de violencia en Rakáin como las operaciones militares de los años 70 y 90 y la violencia sectaria de 2012.
Las autoridades birmanas aseguran que están listas para recibir a los refugiados rohinyás y a iniciar un proceso de verificación de su estatus legal, para lo que han construido instalaciones de recepción y casas cerca de la frontera.
Sin embargo, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) no cree que las circunstancias actuales sean propicias para que el retorno se pueda producir de manera "segura, digna y voluntaria". EFE
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