Un maestro en el colegio público Manuel Nuñez de Arenas, en Madrid. En vídeo, declaraciones de la ministra de Educación, Isabel Celaá. KIKE PARA /EUROPA PRESS
El Gobierno quiere mejorar la formación de los docentes, puesta en entredicho, con el “programa de inducción a la profesión”
El Gobierno ha anunciado este jueves en el Congreso una novedad para mejorar la formación del profesorado, puesta en entredicho. La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha explicado que los que quieran dar clase de infantil, primaria o secundaria, además del título universitario, pasarán un periodo de prácticas tuteladas en el aula de un año antes de ejercer. Pocos políticos en el Parlamento ponen en duda la necesidad de mejorar la formación de quienes educan a las nuevas generaciones, aunque discrepan en la forma de hacerlo. El periodo de prácticas que realizan actualmente los aspirantes a maestro es de tres a cinco semanas por curso, mientras que para los que cursan el máster en formación del profesorado, obligatorio para dar clase en secundaria, suponen 12 de 60 créditos.
“En colaboración con el Ministerio de Universidades y la Conferencia de Decanos de Educación, hemos comenzado a revisar la formación inicial de los docentes, tanto los grados de Educación Infantil y Primaria, como el Máster de Formación del Profesorado de Secundaria, para garantizar las competencias que requiere enseñar en una escuela inclusiva”, ha afirmado la ministra durante la presentación en la Comisión de Educación de las líneas maestras de su política. “La mejora de la formación práctica de nuestros futuros enseñantes se traducirá en la propuesta de un año de práctica tutelada que permitirá incorporarse a los nuevos docentes a su tarea con las garantías de una adecuada supervisión. Un programa de inducción a la profesión”.
En España sobran graduados en Educación. Las universidades públicas y privadas ofrecen un 50,5% más de plazas que los puestos de trabajo que se crean, según alertó la conferencia de rectores (CRUE) en su penúltimo informe La universidad en cifras, del curso 2016-2017. Hoy basta con contar con el grado en Educación Infantil o Primaria (de cuatro años de duración) para ejercer en una escuela y, antes del Plan Bolonia, la carrera era una diplomatura, Magisterio, de tres años. Quienes quieren trabajar en un colegio público tienen además que opositar.
Por contra, los profesores de secundaria son graduados universitarios, normalmente de la materia de la que son docentes, y están obligados a cursar un máster en formación del profesorado. Este posgrado obligatorio, de 1.500 horas entre teoría y prácticas sustituyó al Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP), vigente desde 1971 a 2009, que los aspirantes a profesores obtenían en pocas semanas y con escaso esfuerzo.
La mayoría de los estudiantes de Educación son mujeres (76%) y proceden de familias con bajos ingresos, ya que el 69,5% de ellos solicitaron beca en el curso 2016-2017 frente al 58,1% de media de las otras carreras. Aprueban casi todas las asignaturas: el 89,6% de los créditos, frente al 78,6% de media en los grados. Y hay muchas vocaciones, porque solo el 9% de los alumnos abandona la carrera, la mitad que el promedio de estudios. Eso explica que el 70% se gradúe en el año que le corresponde cuando la media es del 49%.
En muchos grados de Educación se accede en España con apenas un cinco, el mínimo, a diferencia de Finlandia, el gran referente educativo. En el país nórdico a cada plaza como alumno se presentan nueve candidatos. Se evalúa el expediente y hay una exigente prueba de acceso, pero la parte más dura es una entrevista y una práctica, porque es vital una aptitud excelente para la docencia, no solo demostrar conocimientos.
La formación de los maestros, más que la de los profesores de secundaria, está en entredicho. Cataluña, que no tiene un excedente de estudiantes de Educación Infantil y Primaria, es la única comunidad que cuenta con una criba previa de sus alumnos de este grado. Una especie de segunda selectividad llamada Pruebas de Aptitud Personal (PAP). Se estableció en 2017 y consta de pruebas específicas de competencia matemática y comprensión lectora. Entre un 30% y un 40% de los aspirantes suspenden cada año este examen pese a que el 96% de los bachilleres aprueba Selectividad. El curso que viene Baleares copiará el modelo catalán.
Celaá se plantea también “una revisión del proceso de acceso a la función pública docente”, lo que supondría un cambio en las oposiciones objeto de polémica en cada convocatoria. El 9,6% de los puestos de las oposiciones a secundaria en 2018 (son cada dos años) quedaron vacantes y se sabe que las faltas de ortografía y errores gramaticales, aunque nunca sea algo generalizado, lastraron la calificación de un número no despreciable de candidatos.
El Gobierno retrasa el prometido cambio del modelo de becas
El Gobierno se compromete a bajar de 5,5 a 5 la nota mínima para acceder a las becas de estudios no universitarios (Bachillerato y FP Superior). Pero es más cauto en el caso de las ayudas universitarias, las más cuantiosas. La ministra Isabel Celaá solo ha prometido, en su intervención este jueves en el Congreso, “reducir gradualmente a 5 la nota de acceso a las cuantías fijas de becas universitarias”, pero no ha detallado en cuánto tiempo. Tampoco se ha comprometido a retirar ya la parte variable de la beca (la que reparte un monto cerrado entre el total de becados con cuantía fija ese año) que impuso el ministro José Ignacio Wert (PP). Un modelo que fue muy combatido en las calles por la marea verde. El acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Podemos incluye quitar esta cuota variable.
Wert también endureció mucho las condiciones para reintegrar la beca cuando el estudiante no aprueba, y Celaá asegura que se cambiará el modelo, pero no ha pormenorizado de qué manera.
Celaá se ha felicitado porque su ministerio ha agilizado el pago de becas: “Hemos podido alcanzar las 664.336 becas en febrero, cuando el año pasado en estas fechas fueron 479.496”. La partida de becas, ha recordado, ha subido en 30 millones de euros este curso, desde los 1.470 millones iniciales, pese a prorrogarse los Presupuestos al cambiar los umbrales de renta para obtener la ayuda.
La universalización de la educación infantil de cero a tres años va a ser también más lenta de lo esperado. El Gobierno se plantea instaurarla, en sintonía con las autonomías, en ocho años “priorizando el acceso del alumnado en riesgo de pobreza y exclusión social”.
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