El informe, producido conjuntamente por la UNAMA y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, concluye que "las instalaciones de drogas y los trabajadores asociados no pueden ser considerados objeto de ataque y deben ser protegidos".
La ONU ha publicado este miércoles, en la web de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), un informe especial que estudia las dramáticas consecuencias de los ataques, realizados por EE.UU. el pasado 5 de mayo, contra presuntos laboratorios de droga del movimiento Talibán. El informe determina que la operación causó una gran cantidad de víctimas civiles: 39, incluyendo 14 niños.
En el marco de la ofensiva estadounidense se realizaron múltiples ataques aéreos en más de 60 sitios, identificados como supuestas instalaciones de producción de drogas en el distrito de Bakwa y en partes del vecino distrito de Delaram, en la provincia afgana de Nimroz. En el informe se subraya que, aunque antes se habían producido ataques aéreos contra supuestas instalaciones, esta era la primera vez que la UNAMA recibió información sobre una gran cantidad de víctimas civiles, como resultado de dichas operaciones.
Por su parte, las Fuerzas de Estados Unidos-Afganistán (USFOR-A, por sus siglas en inglés) evaluaron que el ataque aéreo no produjo muertes de civiles. Además, Estados Unidos dice que el narcotráfico es una fuente importante de ingresos para los talibanes y, por lo tanto, los laboratorios son un objetivo militar legítimo.
De acuerdo con el derecho internacional humanitario, las instalaciones que contribuyen de manera económica o financiera a una parte de un conflicto se consideran objetivos civiles. El informe, elaborado conjuntamente por la UNAMA y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, concluye que "los laboratorios y los trabajadores asociados no pueden ser considerados objeto de ataque y deben ser protegidos".
El informe también establece una serie de recomendaciones: en el caso de actividades ilícitas de drogas, la respuesta apropiada y legal es a través de la aplicación de la ley, y no mediante operaciones militares que pongan en peligro a los civiles.
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