Rabat,10/06/2019,(EFE),Mohamed Siali.
Mali vive en los últimos siete años una paradoja: a pesar de la presencia de cuatro fuerzas internacionales de estabilización en su territorio, que suman más de 20.000 soldados, la inestabilidad reina cada vez más en el país y las muertes violentas superan el centenar mensual.
Hoy mismo un grupo armado desconocido se presentó de madrugada en el poblado dogon de Somabe Da (comuna de Sangha, centro del país), rodeó el poblado y quemó sus viviendas, matando a 95 personas. Hay además 19 desaparecidos, según el Gobierno.
No ha habido reivindicación, pero todos los observadores sospechan que el ataque es en venganza por lo sucedido el pasado 23 de marzo en la misma región de Mopti, cuando una milicia formada por cazadores "donzo", de etnia dogon (animistas), asesinó fríamente a 160 pobladores peuls (musulmanes) de una aldea.
En uno de los períodos más sangrientos de los últimos años, la violencia costó la vida a 440 civiles y 150 militares nacionales y extranjeros en los tres primeros meses del 2019 en ataques terroristas perpetrados en diferentes regiones de Mali.
Los militares internacionales muertos pertenecen a la misión de la ONU (Minusma, 13.000 militares) o la fuerza francesa Barkhane (3.000), que actúan al lado de la Fuerza Conjunta del Sahel G5 (Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger y Chad, casi 5.000) y la Misión de Entrenamiento la Unión Europea EUTM Mali (600 soldados o policías).
El secretario general de la ONU, António Guterres, señalo en marzo ante el Consejo de Seguridad que la situación de seguridad en Mali ha seguido deteriorándose y los ataques terroristas contra las fuerzas nacionales e internacionales y la población civil han pasado de 183 ataques en 2016 a 237 en 2018.
Agregó que la amenaza sigue propagándose del norte al centro del país, dificultando cada vez más la aplicación del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación en Mali, firmado en Argel en mayo de 2015.
La fuerza conjunta G5 Sahel ya ha registrado sus primeras pérdidas humanas con la muerte a principios de marzo de nueve de sus soldados, todos de nacionalidad maliense, en una explosión en Boulkessy, en Mopti.
La peor parte se la llevó la Minusma, que desde su despliegue en 2012 ha perdido 191 cascos azules en Mali, convirtiéndose en la misión más mortífera de la ONU del mundo.
En cuanto a la fuerza Berkhane francesa -mucho más discreta y dedicada específicamente a tareas contraterroristas, sin el marchamo "humanitario" de la Minusma-, han perdido a 22 soldados en este país africano por ataques yihadistas desde el estallido de la crisis en 2012.
.- Cuando las milicias suplen al Estado
Las fuerzas extranjeras que vinieron a Mali para estabilizarlo durante el período de la transición política y de las reformas militares y de seguridad, estipuladas por el acuerdo de paz, se convirtieron en objetivos favoritos para los dos grupos terroristas activos en el país: Nusrat al Islam wal Muslimin (Al Qaeda) y Boko Haram (Daesh).
Según lo anuncian abiertamente, los yihadistas ven que la razón de su fuerza reside en la profunda islamización que conoce la sociedad maliense y la necesidad de la comunidad musulmana en la protección ante las tensiones étnicas y la propagación del crimen organizado.
Además de los ataques casi diarios perpetrados por estos dos grupos, se producen con frecuencia estos choques sangrientos de carácter étnico y religioso entre peuls (también llamados fulanis) de religión musulmana), dogon y bambara (animistas), que aprovechan la debilidad del Estado y a veces su parcialidad.
El investigador principal de Seguridad y Defensa del Real Instituto Elcano, Félix Arteaga, subrayó que las fuerzas armadas locales dependen de la milicias étnicas para controlar los territorios donde no hay presencia militar, lo que explica la inacción del Estado a la hora de ponerles coto.
Advirtió que, como resultado, la violencia amenaza con derivar en limpieza étnica y tiene además el riesgo de que las comunidades atacadas recurran al apoyo de los yihadistas que se aprovechan de los conflictos intercomunales.
Es un hecho que los grupos yihadistas se presentan como garantes de la seguridad y el control territorial en vastas regiones donde el Estado no llega, recordó.
El Estado acusa con frecuencia a las comunidades locales de dar amparo a los yihadistas, lo cual -insistió Arteaga- no siempre está comprobado y no sirve para justificar la represión a algunas de las comunidades más castigadas por el Estado.
.- Un acuerdo de Argel que se quedó en papel mojado
Las autoridades malienses, en cooperación con la Minusma, iniciaron el pasado 6 de noviembre el proceso del desarme de los combatientes de las milicias para reintegrarlos en los cuerpos militares y policiales gubernamentales, tal como lo estipulan los Acuerdos de Paz de Argel, firmados el 1 de marzo de 2015.
El acuerdo fue rubricado por el Gobierno central maliense, la Coordinadora de Movimientos del Azawad (CMA), que representa a la mayoría de los insurgentes separatistas tuaregs, y las milicias unionistas progubernamentales del Gatia, todas activas en el norte.
Según estadísticas de la ONU, un total de 1.423 excombatientes de la Coordinadora de Movimientos de Azawad y la coalición de grupos armados Plataforma, junto con exmilitantes armados de otros grupos, que no han firmado el acuerdo, fueron desarmados entre el 6 y el 30 de noviembre.
Está operación se desarrolla en medio de discrepancias sobre las cuotas de integración para el ejército y su sincronización con las reformas políticas: mientras que el Gobierno afirma que se incorporarán 4.900 excombatientes, los grupos armados piden que se llegue a 10.000.
Asimismo, las milicias rechazan la entrega de todas sus armas antes de que se realicen avances en la aplicación de los capítulos políticos y económicos del acuerdo de paz, como la redacción de una nueva Constitución, un sistema de Gobierno descentralizado y la creación de una zona de desarrollo en las regiones septentrionales.
Sobre la reforma política, el Gobierno anunció a finales del pasado enero haber creado un consejo nacional de consulta sobre la reforma constitucional, que incluía a los grupos firmantes del acuerdo de paz, los partidos políticos y la sociedad civil.
Arteaga explicó a Efe que la violencia no se puede acabar sin reformas estructurales que la eviten.
"Si continúa el bloqueo de las reformas políticas, sociales y económicas pendientes se agravarán los conflictos intercomunales y la intervención militar no está diseñada para prevenir un conflicto armado como el que se está generando", agregó.
El pasado viernes, en una muestra más de la impotencia del Estado, el Consejo de Ministros prorrogó (y es la segunda vez) el mandado de los diputados en el parlamento maliense hasta mayo del año próximo, reconociendo la imposibilidad de celebrar elecciones legislativas por el actual clima de inseguridad. EFE
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