El secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, en el centro, con los representantes de las ONGs. Foto: MJ.
El secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, presidió ayer –en representación de la ministra de Justicia, Dolores Delgado– la 7ª reunión de la Comisión de Seguimiento del acuerdo interinstitucional contra el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y otras formas de intolerancia,
Dolz reclamó la mejora de la coordinación institucional para una respuesta penal más eficaz frente a los delitos de odio y la protección integral de las víctimas. También señaló que el castigo de estas conductas que atentan contra la libertad y la igualdad responde a una “imperiosa necesidad de higiene penal democrática”.
En la Comisión de Seguimiento del acuerdo interinstitucional contra el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y otras formas de tolerancia están representados el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, los Ministerios de Justicia, Interior, Educación y Formación Profesional, Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Cultura y Deporte, así como el Centro de Estudios Jurídicos.
Participan como observadores de la sociedad civil, el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, el Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, representantes del Consejo del Pueblo Gitano y de la Plataforma del Tercer Sector.
Trabajar en iniciativas en el plano normativo
El secretario de Estado abogó, también, por trabajar en iniciativas en el plano normativo, fundamentalmente de reforma del Código Penal.
Dolz subrayó que la colaboración entre instituciones del Estado y la sociedad civil, como la que promueve esta Comisión, es esencial para combatir y perseguir los delitos de odio que “destruyen el fundamento del orden político democrático y su paz social”.
Un modelo de cooperación valorado como ejemplo de buena práctica por las instituciones europeas e internacionales, como se puso de manifiesto en la Conferencia Final del Proyecto Europeo Print (Preventing Racism and Tolerance) celebrada en París el 11 de marzo pasado.
En los tres años y medio de actividad de la Comisión, cuya Secretaría ejerce el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social a través del Observatorio español del racismo y la Xenofobia (Oberaxe), se ha realizado un análisis exhaustivo de las sentencias relacionadas con delitos de odio (2014-2017). En él se recogen las características de las víctimas y los agresores, así como la resolución de cada caso.
Se trata de información muy valiosa que va a permitir mejorar los sistemas de información, garantizar la disponibilidad de los datos para el análisis de la realidad y asegurar la trazabilidad de los casos entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las fiscalías y los juzgados.
Discurso de odio en internet
Dentro de los delitos de odio, preocupa especialmente el discurso de odio en Internet, una materia sobre la que los ministros de Justicia europeos del Grupo Vendôme intercambiaron impresiones en la reunión que celebraron en el Ministerio de Justicia el pasado 3 de junio.
Dolo afirmó que, en el ámbito nacional, se está trabajando en un acuerdo entre instituciones públicas, sociedad civil y proveedores de servicios de Internet para avanzar en medidas concretas que atajen el discurso de odio online.
Durante la reunión se revisaron, también, los programas de formación de que disponen los ministerios y otras instituciones para abordar las diferentes formas de intolerancia.
La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo, puso de manifiesto la necesidad de mejorar la capacitación de los profesionales que trabajan con los colectivos más vulnerables.
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