Cerca de 60 asociaciones y grupos políticos piden sacar la religión de la escuela

Madrid 11 ABR 2019,elpais.com,JULIO NÚÑEZ

Alumnos de primaria en una escuela de Barcelona. ALBERT GARCIA

El comunicado exige la derogación de los Acuerdos con el Vaticano y el fin "del adoctrinamiento religioso" en los centros escolares

Cerca de 60 asociaciones, sindicatos de enseñanza y partidos políticos se han unido para exigir que salga la religión de las escuelas. Critican que las clases de "adoctrinamiento religioso" se financien con fondos públicos, por lo que exigen su eliminación de todos los colegios [los centros concertados también reciben fondos estatales]. El comunicado publicado este jueves  reclama al Gobierno que derogue los Acuerdos con el Vaticano de 1979 y los "suscritos" con otras confesiones religiosas donde se hace referencia a las competencias de la asignatura de religión. El documento lo firman Podemos, Izquierda Unida, ERC, el Partido Comunista, Comisiones Obreras, Europa Laica, el Sindicato de Estudiantes y las asociaciones Redes Cristianas así como algunas de madres y padres de alumnos.

A pocas semanas de las elecciones, las asociaciones han enviado el documento a todas las formaciones políticas para que consideren que "la laicidad debe presidir el marco escolar para el desarrollo de la libertad de conciencia" y que esta debe respetarse siempre, sobre todo "cuando se trata de niños y jóvenes en su periodo de formación", añade el texto. La iniciativa forma parte de la campaña "Por una escuela pública y Laica. Religión fuera de la escuela" que, desde hace dos décadas promocionan algunas entidades organizadoras, como el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza (STEs).

La legislación actual exige a los centros educativos ofrecer clases de religión en el horario lectivo a los alumnos que lo soliciten. Los profesores de esta materia, que no tienen por qué opositar para obtener una plaza docente, son seleccionados por los obispos, que también eligen el temario a impartir. En España hay unos 20.000 profesores de religión, según datos del Ministerio de Educación. La actual ley educativa (LOMCE), aprobada cuando era ministro José Ignacio Wert (PP) cataloga dicha asignatura como optativa, por lo que las calificaciones de los alumnos en Religión cuentan para su nota media.

Algunos padres, como Gema Montaña, se quejan de que muchos colegios no oferten la asignatura de Valores Cívicos y se vean obligados a matricular a sus hijos en Religión. "Yo no quería que le dieran esas clases y el centro me dijo que no iban a contratar a un profesor de una optativa solo para mi hijo. Me ofrecieron que durante la hora de Religión, Víctor (nombre del niño) estuviera solo en el patio o en el aula de dirección", explica. Montaña opina que la fe de cada uno se debe vivir en la privacidad dicha enseñanza en el ámbito privado. "Mi hijo va a hacer la Comunión y está apuntado a catequesis. Pero va a un sitio donde conozco a los profesores y participo en lo que quiero que aprenda mi hijo", comenta.

El texto presentado argumenta que "la política educativa está provocando graves consecuencias". Por un lado "a través de medidas de apoyo descarado al sector privado, en su mayoría bajo el control ideológico de la Iglesia católica" y por otro, "manteniendo en los centros escolares a personas designadas por obispos, con la misión, además de impartir clases de religión, de cristianizar a la comunidad educativa y hacer proselitismo religioso". El comunicado también hace referencia al resto de religiones minoritarias con competencias educativas, el islam, el judaísmo y el evangelicalismo.

"Todos los políticos están inmersos ahora en una campaña electoral y prefieren no poner el foco en el tema religioso. Pero entendemos que es importante que en las aulas no haya un adoctrinamiento religioso e ideológico sobre temas como el aborto, la homosexualidad y la eutanasia", ha declarado Paco Delgado de Europa Laica. Delgado recuerda que "gracias a la campaña y a la presión de muchas las asociaciones" en febrero de 2018 la Comisión de Educación del Congreso aprobó una proposición no de ley, respaldada entre otros por el PSOE, para revocar los acuerdos que el Estado tiene con la Iglesia católica. La disolución de las Cámaras con motivo de las elecciones, ha paralizado dicha moción.