Niños refugiados. Acnur
Unos diez millones de personas en el mundo no tienen un país que les ampare, son apátridas y, como tal, carecen de una «existencia legal» que les deja por tanto sin derechos desde que nacen e incluso hasta que mueren. Una campaña internacional busca movilizar a la comunidad internacional y pedir que se dé voz a quienes no la tienen.
«Es difícil erradicar algo si no sabes dónde está», reconoce la asesora de ACNUR en la materia Carol Batchelor, que ha asistido esta semana en la Casa Árabe de Madrid a una conferencia internacional sobre el tema para analizar los avances y desafíos pendientes de la campaña #IBelong, lanzada en 2014 y cuyo objetivo es erradicar la apatridia en una década.
Algunas personas nacen apátridas, otras sufren esta lacra en algún momento de sus vidas, en algunos casos por criterios de etnia o raza o por motivos arbitrarios como la residencia fuera del país durante un determinado número de años. La «voluntad política» es clave en esta lucha, como apunta Batchelor en declaraciones a Europa Press.
Uno de los objetivos marcados en dicha campaña es la recopilación de datos, habida cuenta de que solo un tercio de los países comparten estadísticas sobre personas apátridas e, incluso estos, «no siempre lo hacen de forma correcta». Así, la cifra de los diez millones es solo una estimación para personas a las que ACNUR quiere «sacar de las sombras».
Carecer la «existencia legal» merma la capacidad inherente de toda persona para ejercer sus derechos más básicos, desde acceder a los sistemas educativo o sanitario a casarte, trabajar «legalmente» o dar sepultura a tus seres queridos. «Alguien que ni siquiera existe no puede ser enterrado», sostiene Batchelor en la entrevista.
ACNUR estima que, en 2014, al menos 70.000 niños nacían cada año en los 20 peores contextos de apatridia sin recibir nacionalidad alguna. La falta de documentación y registro en el nacimiento aumenta también el riesgo de que una persona se convierta en apátrida al no existir una prueba legal de parentesco o del lugar de nacimiento, elementos clave para conceder una ciudadanía.
Los peores contextos
Para Batchelor, el caso de la minoría rohingya en Birmania es «simbólico» no solo de la apatridia en sí, sino de lo que ocurre cuando «pasan varias generaciones» sin que se ataje la situación. Cientos de miles de rohingyas huyeron en 2017 a Bangladesh escapando de la represión de las fuerzas birmanas y de un contexto sin derechos ni servicios básicos.
La asesora explica que este caso es «extremo», pero refleja una situación que no tiene por qué estar geógraficamente lejos para los europeos –se estima que hay unos 600.000 apátridas en el Viejo Continente–. En el este de Europa, aún quedan retazos de la complicada reconfiguración tras el desplome de la Unión Soviética, mientras que la llegada de migrantes y refugiados puede llevar pareja casos de apatridia.
Siria es uno de los más de 20 países que no conceden a las mujeres los mismos derechos que a los hombres a la hora de «pasar la nacionalidad» a sus descendientes. Batchelor advierte de que «puede parecer algo pequeño y técnico», pero afecta a la vida de «millones» de personas y a una generación llamada a «reconstruir» su país.
Las zonas que experimentan desplazamientos a gran escala, por lo general, se ven afectadas de forma significativa por la apatridia. En Costa de Maril, Naciones Unidas calcula que hay unas 700.000 personas sin nacionalidad, muchos de ellos inmigrantes de ascendia burkinesa que no pudieron convertirse en marfileños tras la independencia de 1960.
En este sentido, señala que el registro es «completamente fundamental» en el caso de los refugiados y desplazados, revisando cuál es la mejor solución para cada una de las circunstancias. «La mayoría de los refugiados quiere volver a sus casas, pero no siempre es posible» y hay personas que crecen en un país de acogida que «no tienen nada» de documentación para poder prosperar, esgrime.
Sobre el debate abierto por la responsabilidad de los países europeos con los combatientes extranjeros en Siria e Irak, Batchelor admite que puede haber «excepciones extraordinarias», pero en ningún caso los niños «inocentes» pueden quedarse sin derechos por razones de seguridad. Hay principios, apunta, que se deben aplicar en «todas las circunstancias».
Marco internacional
«Tienes que dar una existencia legal para empezar a hablar de soluciones», afirma Batchelor, que alaba el compromiso de España para suscribir los acuerdos internacionales. En este sentido, recuerda que tomar medidas no tiene por qué pasar necesariamente por conceder la nacionalidad a una persona apátrida, sino que puede implicar por ejemplo instar a otro Estado a que se haga «responsable» o por reconocer una serie de derechos básicos –un «estatus legal»–.
La asesora emplaza a todos los países a «identificar» a los apátridas que residan en su territorio, entre otras razones para que también ellos puedan «contribuir a la sociedad», y a seguir el ejemplo de países como Tailandia, el único Estado que a día de hoy se ha comprometido a alcanzar los diez puntos que plantea la campaña #IBelong, hasta el punto de que en el primer lustro de dicho movimiento ya ha concedido la nacionalidad a más de 100.000 personas.
La presencia de niños apátridas entre el grupo que fue rescatado de una cueva inundada en julio de 2018 evidenció a nivel internacional el problema de un país que «se ha comprometido a que en 2024 no haya personas apátridas en su territorio». «Animamos a otros países a dar pasos y a hacer de esta también su ambición», reclama Batchelor.
La asesora se declara «impresionada» por los avances de estos últimos cinco años y percibe una «trayectoria positiva de cambio». Espera que para 2024 «se hayan cubierto todas las lagunas» y no se repitan casos como los de una joven de padres sirios nacida en Líbano a la que conoció personalmente y que, por tratarse de un matrimonio entre personas de distinta religión se encontró sin nacionalidad alguna.
No podía recibir educación y, cuando necesitaba ir al médico, tenía que hacerlo con la documentación que le prestaba algún amigo. La «absoluta ironía» de su caso es que gracias al comienzo de la guerra en Siria pudo obtener el primer documento de identidad que «acreditaba que existía», aunque fuese como refugiada, relata la asesora.
Gracias a esta documentación, pudo beneficiarse de un programa de reubicación y en 2018 llegó a Brasil junto a su hermana. Su hermano también pudo viajar al país sudamericano, pero falleció poco después, por lo que «su primer certificado legal fue el de defunción». «Es una tragedia. No deberíamos vivir en un mundo donde alguien solo existe cuando se muere», lamenta Batchelor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario