La educación pública, muy lejos de la laicidad

Madrid,18/02/2019,publico.es

Aula de un centro escolar. Foto: EFE

Hace una semana se inició el programa piloto de la Generalitat Valenciana para implementar las religiones islámica y evangélica como asignaturas en centros educativos públicos; entidades del ámbito educativo exigen que todas las religiones deberían estar fuera de las aulas.

La implantación piloto de las religiones islámica y evangélica como asignatura en algunos centros educativos del País Valenciano ya es una realidad. Hace una semana, Crevillent se convirtió en la primera ciudad en la que se imparten clases de religión islámica en este territorio. Las recibirán un total de 162 alumnos, quienes las solicitaron previamente, repartidos en tres colegios públicos. A estos tres centros de Crevillent le deben seguir otros cuatro centros públicos de las localidades de Catral y Almoradí. Por lo que respecta a la religión evangélica, el proyecto piloto de la Conselleria de Educación tiene previsto implementar la asignatura en seis centros de las localidades de La Vila Joiosa, Port de Sagunt y Paterna.

Dice la Conselleria que, a pesar de ser partidarios de que ninguna religión tenga una asignatura como tal en los centros educativos sostenidos con fondos públicos, la normativa obliga a ofrecer diferentes religiones en el caso que así lo soliciten las entidades religiosas que tienen acuerdo de cooperación estatal en este sentido. La presencia de la religión católica en el currículum educativo español, de hecho, se vale de los acuerdos con la Santa Sede, la derogación de los cuales siempre se ha reivindicado por parte de plataformas educativas a favor de la laicidad del sistema educativo. En el caso concreto de la religión islámica, el estado español concretó el acuerdo con la Comisión Islámica de España hace más de 25 años en la ley 26/1992.

La normativa obliga a ofrecer diferentes religiones en el caso que así lo soliciten las entidades religiosas que tienen acuerdo de cooperación estatal

Sin embargo, la comunidad educativa valenciana presencia estas nuevas implementaciones con preocupación. “El objetivo no es incrementar opciones religiosas en las aulas sino sacar todas las religiones de la escuela”, expone Marc Candela, del STEPV-Intersindical Valenciana, el sindicato mayoritario en el ámbito educativo autonómico. En el mismo sentido se expresa Joan Cortés, vicepresidente de Escola Valenciana. “La laicidad en la educación no tiene nada que ver con izquierdas o derechas; tiene que ver con el reconocimiento de la separación de las instituciones religiosas y las instituciones del estado. Se debe garantizar la libertad de conciencia —también la religiosa— pero sin crear interferencias en la educación”, argumenta Cortés.

Consultado también para esta pieza, el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la provincia de Alicante (FAMPA), Txomin Angos, considera que la gestión de la multiculturalidad y la integración no pasa precisamente por mantener una escuela pública con religiones. “No podemos crear miniestados”, sostiene. A Angos le resulta sorprendente que en una autonomía como la valenciana, donde la educación está constantemente en el punto de mira de ciertos grupos políticos conservadores que la califican de “adoctrinadora”, la presencia de las religiones quede excluida de ese imaginario. “No tengo claro hacia dónde vamos. Estábamos con un gobierno que pretendía derogar la LOMCE y parece ser que la LOMCE ha durado más que el gobierno”, se lamenta el presidente.

El piloto ha sido instrumentalizado para tomar posiciones de confrontación

En el ámbito de los partidos políticos, el programa piloto ha sido instrumentalizado para tomar posiciones de confrontación. Desde que hace meses se conociera el proyecto, el alcalde de Crevillent, César Augusto Asencio, del Partido Popular, se manifestó contrario y argumentó que la población musulmana ya tenía una mezquita donde se imparte la religión. En cambio, se mostró contrariado por las dificultades, decía, a las que se enfrentan los profesores de religión católica por la adjudicación de plazas y también los colegios concertados católicos por la reducción de conciertos educativos, algo que se aleja de la realidad, porque en el País Valenciano la justicia ha devuelto a colegios concertados aulas suprimidas por la Generalitat. Ya el verano pasado, en Altura, pueblo del interior castellonense pensado en un inicio para el programa piloto, el Partido Popular protagonizó una oposición pública y adujo que la asignatura de religión islámica provocaría un efecto llamada de musulmanes a la comarca. La presión generada desembocó finalmente en la cancelación del proyecto en este pueblo.

Vulneración de la neutralidad

La reivindicación de la laicidad en la educación está muy lejos de su consecución. Así lo corrobora Raquel Ortiz, de València Laica, que lamenta que en el País Valenciano el mismo tribunal que tumbó la enseñanza plurilingüe obliga a ofrecer religión en segundo de bachillerato. Precisamente hace unos días, València Laica, junto con el sindicato STEPV, se reunió con el director general de Ordenación Educativa de la Generalitat Valenciana, Jaume Fullana, con el objetivo de abordar la cuestión de la presencia de las religiones en el sistema educativo. Para este colectivo, es especialmente preocupante el hecho que algunos catequistas completen horario en algunos centros con tareas que no son propias de catequesis, como biblioteca o tutorías.

El mismo tribunal que tumbó la enseñanza plurilingüe obliga a ofrecer religión en segundo de bachillerato.

València Laica reivindicó ante la dirección educativa un protocolo para evitar hechos como el denunciado respecto al colegio público San Juan de Ribera de la capital valenciana, que llevó a cabo un acto en horario escolar llevando a los alumnos a celebrar el último día de trimestre a una parroquia cercana al colegio. “Esto vulnera claramente la neutralidad de la institución escolar”, subraya Ortiz.

Otro asunto polémico denunciado por el colectivo se refiere a los requisitos discriminatorios de admisión difundidos por el Colegio Imperial Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer de València, que recibe fondos públicos. València Laica exige que la Conselleria no mantenga este tipo de conciertos a centros que tienen entre sus requisitos “estar bautizado por la iglesia católica”, estar regularizado y no tener discapacidad física o psíquica. La fiscal provincial ha considerado que hay elementos para llevar el caso por vía penal.

Según Europa Laica, en 2018 se incrementó la financiación pública respecto a profesores de religión católica y enseñanza católica concertada en el conjunto del estado español. Por lo que respecta al primer monto, el gasto subió hasta los 650 millones de euros. La presencia de la iglesia en la concertada llegó hasta los 4.750 millones de euros. Unas cifras que demuestran que la religión es un negocio que sale muy rentable para algunos sectores.