Un niño camina por un polideportivo transformado en refugio para refugiados en el distrito berlines de Hohenschoenhausen - Reuters.
El consejo de ministros aprueba un proyecto de ley que incluye el acceso por parte de las autoridades a los móviles y ordenadores de los solicitantes de asilo para poder determinar más fidedignamente su identidad.
Durante los meses de 2015 y 2016 en los que se concentró la mayor entrada de refugiados en Alemania, muchos de ellos utilizaron nombres falsos para fingir una nacionalidad distinta a la suya y con la que esperaban obtener más fácilmente es derecho al estatus de asilo o incluso, tirando de picaresca, para multiplicar las ayudas sociales recibidas del Estado bajo diferentes identidades simultáneas. Este fenómeno ha causado un considerable caos en el archivo de registro de llegadas y los funcionarios alemanes, que a menudo percibían el fraude a ojo, tenían las manos atadas porque los refugiados se presentaban sin documentación que acreditase su identidad. Para poner fin a esta penosa situación, el consejo de ministros ha aprobado un proyecto de ley que endurece la política de asilo y que contempla el acceso por parte de las autoridades, concretamente los funcionarios de la Oficina Federal de Refugiados y Migración (BAMF), a los teléfonos móviles y a los ordenadores de los solicitantes de asilo para poder, a través de estos dispositivos, determinar más fidedignamente su identidad.
La reforma impone sanciones más duras a aquellos refugiados que hayan facilitado datos falsos a las autoridades en el momento de registrarse en el país y además aumenta el periodo de tiempo que un ciudadano extranjero sospechoso de terrorismo puede permanecer detenido sin cargos a la espera de su expulsión. Es la reacción legal al caso de Anis Amri, el terrorista del mercado navideño de Berlín, sospechoso de colaborar con Daesh y que cuya solicitud de asilo había sido rechazada, pero cuya deportación se fue retrasando por cuestiones administrativas ajenas a Alemania sin que la policía pudiera mantenerlo retenido porque todavía no había cometido ningún delito.
«No tengo problemas con eso, yo mismo puedo entregar mi teléfono móvil a Alemania y pueden leer en él lo que quieran», dice un dentista sirioEl consejo de ministros considera prioritario agilizar la devolución a sus países de los extranjeros sin permiso de residencia en Alemania. El objetivo del gobierno alemán es que el plazo de deportación, una vez haya sido rechazada la petición de asilo, no exceda en ningún caso los 10 días. La organización defensora de los Derechos Humanos Pro Asyl ha criticado la nueva normativa asegurando que se trata de una «brutalización de las expulsiones» y sus portavoces afirman que Alemania ha pasado de ser un país de acogida a uno de deportación. «Los celulares y los ordenadores pertenecen al ámbito privado que debe protegerse», ha denunciado por su parte Katja Kipping, del partido opositor Die Linke (La Izquierda), mientras que los directamente afectados, los solicitantes de asilo, se muestran bastante de acuerdo con la medida.
«No tengo problemas con eso, yo mismo puedo entregar mi teléfono móvil a Alemania y pueden leer en él lo que quieran. No tengo ordenador, pero también se lo daría gustosamente. Pueden escuchar mis llamadas, no me importa porque yo digo la verdad. Quienes tienen problemas son hombres que llegan del norte de África y que se hacen pasar por sirios porque creen que así les darán más fácilmente papeles», explica Ahmed Serafi, un dentista sirio que ha viajado hasta Alemania con su mujer y sus dos hijos.
Mercado negro
El hecho de que Siria sea un país en guerra garantiza a los ciudadanos de este país el acceso al estatus de asilo en Alemania y al calor de esta facilidad ha florecido en Alemania un mercado negro de documentos sirios que son comprados por refugiados de otras nacionalidades, pero las autoridades esperan que los dispositivos móviles y sus comunicaciones permitan aclarar en cada caso el verdadero origen de cada persona. Otros países, como Afganistán, son en cambio considerados lo suficientemente seguros como para no conceder el asilo y proceder a las deportaciones, una política denunciada por varias organizaciones no gubernamentales que recuerdan que la situación en ese país no cumple con las mínimas garantías. Se espera, de hecho, que este miércoles mismo se lleve a cabo una deportación masiva de ciudadanos afganos desde Múnich y hay previstas varias manifestaciones de protesta.
Sin embargo, desde el Gobierno de Angela Merkel defienden las expulsiones y se insiste en que determinadas zonas de Afganistán sí son lo suficientemente seguras. La normativa aprobada este miércoles, elaborada conjuntamente por los ministros de Justicia y de Interior, ha sido calificada por este último, Thomas de Maizière, como una serie de medidas «inteligentes y razonables» y, en respuesta a las críticas por la violación al derecho a la protección de datos que sufrirán los solicitantes de asilo, ha defendido que «no es mucho pedir» que el Estado tome medidas para cerciorarse de la identidad de una persona que está demandando protección. De Maizière ha recordado que muchos de aquellos con pocas probabilidades de poder permanecer en Alemania no disponen de un pasaporte válido, «pero sí de un teléfono móvil», lo que permite presuponer que «quieren prolongar su estancia en el país obstaculizando su identificación».
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