La Comisión Islámica se desbloquea

Bilbao,26/02/2016,latribunadelpaisvasco.com,Javier Salaberria

Riay Tatary (a la derecha), Presidente de la Comisión Islámica de España en el Centro Islámico As Salam de Bilbao

Desde su creación en 1992, la Comisión Islámica de España (CIE), el órgano de interlocución entre las comunidades musulmanas de España y el Estado, ha estado marcada por los desencuentros y tensiones internas. La misma estructura fundacional, con dos federaciones y dos secretarías generales, apuntaba hacia un futuro incierto.

El 14 de octubre de 2011, un Real Decreto del entonces Gobierno de Rodríguez Zapatero trató de desbloquear la entrada en la Comisión de entidades que no deseaban pertenecer a ninguna de las dos federaciones fundacionales. Mucho habían crecido el número de musulmanes y de entidades desde que se firmaran los acuerdos de cooperación de 1992 entre el Estado y las confesiones de notorio arraigo (evangélicos, judíos y musulmanes). 

Veinte años después había 1.080 entidades de las que sólo 723 formaban parte de la CIE. Las 357 nuevas entidades que no podían entrar a formar parte de la CIE se quedaban también fuera del amparo de los acuerdos de 1992. Entre ellas, algunas entidades de importancia como el Centro Cultural Islámico de Valencia, entonces presidido por una mujer musulmana española, Amparo Sánchez, o la Federación Musulmana de España, dirigida por el español Yusuf Fernández, así como numerosas federaciones territoriales.

De las federaciones fundadoras, FEERI (Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas) era la minoritaria con tan solo 73 entidades, pero sometía a la Comisión a un auténtico bloqueo con su “derecho a veto”. Por otra parte UCIDE (Unión de Comunidades Islámicas De España), la federación fundadora mayoritaria compuesta de 650 entidades, presidida desde entonces hasta el día de hoy por Riay Tatary era acusada por otras entidades de falta de transparencia y de democracia interna y de querer monopolizar la representación.

Con el Real Decreto de 2011 se modifica el artículo 1 de los Estatutos de la Comisión Islámica y se permite la entrada de nuevas entidades fuera de las dos federaciones fundadoras. Pero lejos de desbloquearse, la situación se encona.

Tanto UCIDE como FEERI reaccionan al decreto considerándolo una intromisión injustificable del gobierno en una entidad privada y un atentado contra la libertad religiosa. La ingobernabilidad del órgano se judicializa atrofiándose a perpetuidad.

Las entidades que se beneficiaron de la apertura consideraron entonces que dicho intervencionismo era necesario para que la representatividad de la CIE fuera legítima, ya que a su juicio muchos musulmanes estaban fuera por el afán de control del órgano por parte de ambas federaciones fundadoras.

En medio de este tinglado se daba también una batalla política en las filas de los musulmanes españoles de origen marroquí. Irrumpían con fuerza las entidades afines a “Justicia y Caridad” (“Al Adl wal Ihsane”), un movimiento islamista tolerado, pero no legalizado, en Marruecos, crítico con la monarquía alauí a la que acusa de corrupción e inmovilismo. La FEERI, que hasta entonces había sido la mejor garantía de Rabat para tener a sus súbditos controlados, perdía el control de la situación y a través de una serie de hábiles operaciones asamblearias, era tomada por las nuevas fuerzas emergentes tanto de “Justicia y Caridad” como de las entidades que pretendían incorporarse a la CIE gracias al Real Decreto.

El bloqueo de la CIE dejaba sin interlocución a los más de 1.800.000 musulmanes del Estado, por lo que el gobierno de Mariano Rajoy decide intervenir en 2015 haciendo pública su intención de promulgar un decreto mediante el cual establece los mecanismos para solucionar la situación de bloqueo existente. Ofrece entonces a los dos secretarios generales, Riay Tatary (UCIDE) y Mounir Benjelloun (FEERI) llegar a un acuerdo para no promulgar el Real Decreto.

Esta nueva intervención del Estado en la organización de los musulmanes españoles hace que se organicen una serie de protestas, especialmente en las redes sociales, y también algunas manifestaciones ante la puerta de Ministerio de Justicia en Madrid. Tras varias reuniones en septiembre de 2015, y con mucho ruido mediático de fondo, se firma un acuerdo para la modificación de los estatutos de la CIE. En el acuerdo se decide también paralizar todos los asuntos jurídicos y pleitos cruzados que hacían inviable el gobierno de la Comisión. El acuerdo fija que a partir de ahora la CIE se compondrá de una Comisión Permanente compuesta por 25 miembros, que se renovará cada 4 años y nombrará al presidente; y una Junta Directiva con un Presidente con cuatro años de mandato, que puede ser reelegido. 

De ese modo se acaba con la bicefalia de los dos Secretarios Generales y con la precaria representatividad de la Comisión Permanente. El acuerdo contempla también la creación de una Comisión Gestora para aprobar los nuevos estatutos en el plazo de seis meses. Esta Comisión la componen dos miembros de FEERI y dos de UCIDE, presidiéndola Tatary y siendo el Vicepresidente Benjelloun. Mientras se aprueban los estatutos Tatary presidirá la Comisión Islámica.

El propio Riay Tatary en una reciente visita al Centro Islámico As Salam de Bilbao, matizaba que si bien no es partidario de la intromisión del Estado en la organización interna de los musulmanes, la situación de bloqueo institucional requería la intervención del Ministerio. “Esta amenaza de Real Decreto, que finalmente no fue necesario promulgar, corrige la situación provocada por el anterior Real Decreto de 2011”.

Define a la nueva CIE resultante del acuerdo como más independiente, más representativa y participativa, pero a la vez más ágil, al haber resuelto la duplicidad de representantes con un sólo presidente, es decir, con un solo interlocutor.

Ahora queda mucho trabajo por hacer. Los acuerdos del 92 son más una declaración de intenciones que realidades sobre el terreno: faltan profesores de religión; faltan cementerios públicos o privados que respeten el ritual islámico; hay que normalizar la alimentación halal en hospitales y escuelas; falta crear un gabinete jurídico para delitos de odio y defensa de la libertad religiosa; también hace falta un control constante de las entidades que se crean y que dejan de existir para que la representatividad no sea fraudulenta y acabar así con el cruce de acusaciones de falsa representatividad...

Esperemos que esta nueva etapa conduzca a la normalización de las relaciones entre el Estado y las comunidades musulmanas españolas, procurando el desarrollo de todos los derechos reconocidos en los Acuerdos de Cooperación de 1992 y la desvinculación de dichas comunidades de toda influencia extranjera ajena a los intereses de la sociedad española.