La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. - chema moya
Si llega al poder, Pedro Sánchez se compromete a derogar el concordato con la Santa Sede .
Aunque no por novedosa, la propuesta del PSOE de excluir la asignatura de Religión del currículum educativo y del horario escolar agitó ayer la arena política y preelectoral. Hace meses que el debate se analiza en los cuarteles generales de los principales partidos políticos, dispuestos ahora a elaborar sus programas para los comicios del 20 de diciembre. La mayor parte de las formaciones, aun con matices, aboga por caminar hacia una escuela pública laica. El Gobierno y el PP, sin embargo, instaron ayer a sus adversarios a dejar las cosas como están.
La Constitución Española se convirtió una vez más en el principal argumento de los populares. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, esgrimió el «gran consenso» de 1978 en torno a la enseñanza religiosa y la aconfesionalidad del Estado, y reclamó a los socialistas «tener muy presente cuáles son las circunstancias de la sociedad española y sus creencias». Hay un componente cultural que el PP llama a considerar antes de formular según qué planteamientos. «La religión católica forma parte de nuestra historia y creo que no hay que avergonzarse de esto», defendió su portavoz en el Congreso, Rafa Hernando.
Es ese el elemento que subyace en los artículos 17 y 27 de la Carta Magna que un «muy molesto» ministro del Interior invocaba ayer. «Los padres son los que tienen derecho a decidir la educación para sus hijos de acuerdo a sus convicciones religiosas, éticas o morales», sentenció Jorge Fernández Díaz, que recordó, además, que hoy por hoy el sistema recoge que la religión es una materia de oferta obligatoria en todos los centros escolares, pero siempre de elección voluntaria por parte del alumnado.
Además, el PP censuró que el PSOE rescate este tipo de propuestas sólo «cuando sabe que no va a ganar las elecciones». Ese reproche lo comparte prácticamente todo el arco parlamentario, que afea que los socialistas, estando en La Moncloa, nunca se hayan atrevido a actuar en el sentido que ahora propugnan. De ahí que IU no termine de fiarse y teme que la exclusión de la asignatura sea una de esas «propuestas Guadiana» que, como el río, aparecen y desaparecen según la conveniencia del momento político.
De alcanzar el poder y mantener su promesa, el PSOE se vería abocado a revisar los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, algo a lo que se compromete Pedro Sánchez. El secretario general de los socialistas avanzó ayer en TVE su intención de derogar el concordato y aprobar una ley de libertad religiosa para avanzar en la laicidad del Estado. Asegura que el espejo en el que se mira es el de la República Francesa.
En este cometido cuenta con el respaldo de su antecesor, Alfredo Pérez Rubalcaba, que comparte que la religión se imparta fuera del horario lectivo como una actividad extraescolar más. Un planteamiento que serviría tanto para centros públicos como para privados, según matizó, a falta de concreción, el portavoz parlamentario Antonio Hernando.
«Radicales»
En la Conferencia Episcopal el borrador de los socialistas se recibió ayer como una «incursión en ámbitos radicales» en busca de votos. La Comisión de Enseñanza de este organismo cuenta con datos que arrojan que un 63,5% de los alumnos españoles asisten a la clase de Religión Católica. Mientras en los colegios privados o concertados el porcentaje sube hasta el 99%, en los públicos desciende hasta el 51,9%
A pesar de todo, la mayor parte de los partidos, salvo Unió y Convergencia, se mueve hacia propuestas de laicidad. Al PSOE e IU se suma, en términos por ahora muy genéricos, Podemos. Pero otras formaciones como UPyD recuerdan que este principio forma parte de sus valores fundacionales.
En cuestiones educativas, también el PNV sostiene que la religión católica no constituya una asignatura ni obligatoria ni evaluable, y acepta que los colegios privados la oferten fuera del horario escolar. Mientras, Ciudadanos defiende, sin más detalles, una «escuela pública laica» y propone «la creación de una asignatura sobre la historia de las religiones», obligatoria para todos los estudiantes.
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