Madrid, 26/11/14, EFE
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha presidido hoy el primer pleno de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, que pretende adaptar las leyes a la nueva realidad confesional española. Concretamente, la Comisión estudiará dos temas "estrella": los reales decretos por los que se regula la condición de notorio arraigo y la reforma del registro de entidades religiosas.
Esta primera reunión se celebra tras la aprobación hace un año del real decreto que ajustó la composición de este órgano a la nueva situación de las religiones y confesiones en España. Así lo ha explicado en calidad de vicepresidente de la Comisión el director general de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, Javier Herrera, en declaraciones a los medios de comunicación poco después de comenzar la reunión.
Ha señalado que los dos reales decretos anteriormente citados, y que están "en proceso de confección", afectan directamente a las entidades religiosas y son "dos elementos fundamentales para que puedan ser reconocidas por el Estado y puedan tener su regulación jurídica".
En este sentido, ha indicado que ya se han redactado unos proyectos que en este primer pleno serán presentados formalmente a los miembros de la Comisión, a la que han asistido vocales representantes tanto de la Administración como de las iglesias, confesiones y comunidades religiosas. Herrera ha apuntado que "va a ser un órgano aún más esencial de apoyo al Gobierno de lo que era hasta ahora" y que quiere demostrar el compromiso del Ejecutivo en materia de respeto y promoción religiosa.
En un intento de "corregir las disfunciones que se puedan producir y de escuchar a todos los actores que están implicados en esta materia", ha comentado. Preguntado por si la Comisión va a abordar el caso de los sacerdotes y el profesor de religión detenidos en Granada por presuntos abusos sexuales, ha indicado que este tema "no tiene cabida" en este foro.
"La Comisión es un órgano asesor del Gobierno. Es un tema que tiene que ver con presuntos delitos que en su caso tendrán que dilucidar los tribunales de justicia", ha añadido. En cuanto a la reapertura del cementerio musulmán de Griñón que ha solicitado la Unión de Comunidades Islámicas de España, Herrera ha reconocido que desconoce si este asunto se va a tratar en la Comisión.
El Ayuntamiento de Griñón cerró hace una semana el único cementerio musulmán de la Comunidad de Madrid, justificando su decisión en que éste no cumple con la ley mortuoria y no tiene control sanitario."Aunque no sea un tema propiamente competencia del Ministerio de Justicia -porque los cementerios son competencia municipal-, nosotros en cuanto garantes de la libertad religiosa estamos preocupados por la situación", ha confesado.
Ha asegurado que desde que comenzó el problema han estado en contacto con la Alcaldía de Griñón y con la Comunidad de Madrid, y ha anunciado que están "en vías de encontrar una solución para que a corto plazo puedan los fieles musulmanes que residen en esta zona enterrar a sus difuntos". "Estamos haciendo todo lo posible para solucionar ya este problema", ha finalizado.
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