El anteproyecto pretende agilizar la constitución de las fundaciones con el asesoramiento que proporcionará el Protectorado único en el ámbito de la Administración General del Estado.
El Consejo de Ministros español ha aprobado hoy el anteproyecto de ley de fundaciones, que sustituirá a la normativa vigente, con el fin de garantizar un mejor ejercicio del derecho de fundación y del cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, basado en el principio de la transparencia.
Así lo ha señalado hoy la vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha precisado que esta normativa se aplicará a todas las fundaciones de ámbito estatal y que sólo quedarán excluidas las de Patrimonio Nacional, las públicas sanitarias y las bancarias, que serán regidas por su legislación específica.
Entre las principales novedades está la creación de un registro único de fundaciones -actualmente existen siete registros públicos en distintos ministerios, que aglutinan a cerca de 4.000 fundaciones-, que dependerá del Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado. El anteproyecto pretende agilizar la constitución de las fundaciones con el asesoramiento que proporcionará el Protectorado único en el ámbito de la Administración General del Estado.
Con él, según el Gobierno, "se acabará con la dispersión existente con distintos protectorados en función de los fines de la fundación, lo que genera dudas sobre a cuál acudir". El interesado en crear una fundación se dirigirá al Protectorado para solicitar un informe de idoneidad y viabilidad, que deberá ser resuelto en un máximo de tres meses.
El notario constituirá la fundación y solicitará su inscripción en el registro único de fundaciones, que será público. En él constarán los actos relativos a todas las fundaciones que operen en España, lo que "permitirá cumplir con las necesidades de publicidad y transparencia que proporcionan un mayor control del uso que se hace de las subvenciones y beneficios fiscales que reciban".
El anteproyecto regula unos principios de "buen gobierno" que deben regir la actuación de los miembros del patronato y en la web se publicarán los datos más relevantes sobre su actividad, cuentas anuales y cargos del patronato, como subvenciones y ayudas públicas recibidas.
Para luchar contra el fraude y para evitar que se utilice la fundación para desarrollar actividades que no guarden relación con los fines que la justifican o para generar redes económicas cuyo peso descansa en la constitución de una fundación, la norma diferencia entre las actividades propias que la fundación desempeña para cumplir sus fines y las mercantiles, que se pueden realizar para financiar la fundación.
Sólo las fundaciones que cumplan con las exigencias legales se beneficiarán de las subvenciones y beneficios fiscales que a menudo reciben las entidades sin ánimo de lucro.También se regula la contratación de personas o entidades vinculadas a la fundación, y se introduce un régimen sancionador que corresponderá aplicar al Protectorado. Los sujetos responsables serán los patronos y el secretario del patronato que no se encuentre entre los primeros, si se determina su responsabilidad individual en la infracción cometida.
Las infracciones se dividirán entre leves, graves y muy graves y serán sancionadas con un abanico que va desde la amonestación a multas de entre 1.000 y 30.000 euros, pérdida del cargo de patrono o del órgano de gobierno que ocupe e inhabilitación para desempeñar esos puestos de entre cinco y diez años.
A las causas de extinción ya previstas actualmente en la normativa se añade la de incumplir las obligaciones de presentar cuentas anualmente o planes de actuación durante tres ejercicios continuados.
Con ello, según el Gobierno, se pretende reducir el porcentaje significativo de fundaciones inscritas que están inactivas.
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