Londres,28/11/2013,La Vanguardia, RAFAEL RAMOS.
Nuevas restricciones para el acceso de los extranjeros a los beneficios sociales
David Cameron no sólo quiere restringir la inmigración al Reino Unido, sino cambiar las reglas del juego sobre la libertad de movimiento y de trabajo dentro de la Unión Europea. Es su nueva cruzada. Obsesionado por asegurarse los votos de extrema derecha que amenaza con robarle el ultranacionalista UKIP (Partido para la Independencia del Reino Unido), cada equis tiempo se saca de la chistera nuevas medidas cada vez más retrógradas. MATT DUNHAM / AP El primer ministro británico, David Cameron (en primer plano), saliendo ayer de Downing Street El último paquete va más lejos que ninguno de los anteriores. “La libertad de movimiento y de trabajo no puede ser un principio sacrosanto, sino que tan sólo debe existir entre países de la Unión Europea con una economía y una renta per cápita similar”, ha escrito el líder tory en el Financial Times, haciendo saltar todas las alarmas en la Comisión Europea, que podría contestar legalmente esas medidas.
Bruselas no es la única en pensar que los políticos británicos –y en especial los conservadores– manipulan las cifras sobre inmigración y no informan a sus compatriotas de la más elemental aritmética: que los extranjeros aportan mucho más a la economía de lo que sustraen. “No es que Cameron y los tories deseen de verdad reducir el número de inmigrantes, lo que quieren es dar la impresión de que lo hacen, o de que intentan hacerlo, para calmar las iras de los millones de votantes que –por lo general, sin razón– perciben que los forasteros les quitan los trabajos y se llevan los beneficios sociales que les corresponden a ellos.
Lo creen genuinamente, pero no es cierto, porque la mayoría de trabajos que hacen los inmigrantes no los quieren los ingleses ni en pintura”, explica la socióloga Martina Kissling. El blanco más reciente de la manipulación política son los búlgaros y rumanos, ya que las restricciones impuestas por la Unión Europea para su acceso al mercado laboral expiran el próximo 1 de Enero, y la prensa sensacionalista británica no cesa de pronosticar un alud de inmigrantes que colapsarán los hospitales y las escuelas públicas, vivirán del cuento, ocuparán viviendas de protección oficial a expensas de británicos, y arruinarán lo que queda del estado del bienestar.
En vez de corregir esa percepción errónea, no corroborada por las estadísticas, Cameron (y en menor medida también el líder laborista Ed Miliband) han convertido el discurso antiinmigración en su primer mandamiento. Las nuevas propuestas del primer ministro llegan incluso a la deportación de los indigentes extranjeros que sean encontrados durmiendo a la intemperie o pidiendo limosna, y la prohibición de que vuelvan a ingresar en el país en el plazo de un año, a no ser que demuestren haber conseguido trabajo. Aparte de ello, nuevas variaciones sobre el mismo tema ya manido de la restricción del acceso a los beneficios sociales.
Los nuevos inmigrantes no podrán cobrar del paro en los tres primeros meses desde su acceso al Reino Unido, ni tampoco por un periodo superior a seis meses consecutivos a no ser que prueben que tienen una “oportunidad realista” de obtener un empleo. Tampoco podrán solicitar de entrada ayuda para una vivienda subvencionada, que es el gran chollo del estado del bienestar británico (sobre todo en Londres, donde los precios de propiedad y alquiler están disparatados).
El primer ministro también ha anunciado que multiplicará por cuatro las multas a los empresarios que no paguen el salario mínimo. “Queremos cerrar las fronteras a todos aquellos extranjeros –no sólo búlgaros y rumanos– que se planteen venir para abusar de nuestra generosidad y vivir sin trabajar”, ha dicho Cameron. En caso de ganar las próximas elecciones, su idea es renegociar con Bruselas la recuperación de competencias en política migratoria para ejercer un mayor control sobre sus fronteras y combatir el turismo de los beneficios sociales. Londres cree que puede.
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