El gobierno turco ha ordenado por decreto la restitución de las propiedades confiscadas a instituciones cristianas y judías en los años setenta del siglo pasado. Lo anunció el mismo primer ministro, el islamista Recep Tayyip Erdoğan, el 28 de agosto en Estambul, donde a continuación asistió a una cena para festejar el fin del Ramadán junto con representantes de las comunidades no musulmanas. “Somos conscientes –dijo Erdoğan– de las injusticias que han sufrido varios grupos religiosos, por ser distintos. Pero se ha acabado el tiempo en que un ciudadano de nuestro país podía ser oprimido por su religión, su origen étnico o su manera de vivir”.
La expropiación comenzó en 1974, cuando se ordenó a las fundaciones religiosas no musulmanas que renovaran el registro requerido por una ley de 1936, que exigía presentar una declaración de bienes. Con ese pretexto, el gobierno no les reconoció el derecho a adquirir propiedades inmobiliarias, a no ser que estuviera expresamente contemplado en el registro original, y se incautó de todos los que no figuraban en los inventarios de 1936.
En los últimos años, Turquía ya ha devuelto bienes confiscados o pagado compensaciones al haber perdido distintas demandas presentadas por los perjudicados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Un ejemplo reciente es un antiguo orfanato de Estambul, que el patriarcado greco-ortodoxo recuperó en noviembre pasado por orden de los jueces de Estrasburgo. Además, la Unión Europea venía exigiendo a Turquía una restitución general para admitir su solicitud de ingreso. Esto es lo que ha hecho finalmente.
El decreto de devolución, que aún debe ser convalidad por el Parlamento, comprende tanto los bienes censados como otros, por ejemplo los de monasterios o iglesias, que no lo están porque el Estado turco nunca ha reconocido personalidad jurídica a sus titulares. También se restituirá a las fundaciones no musulmanas la gestión de sus cementerios, que había sido traspasada a los ayuntamientos. Si alguna de las propiedades confiscadas fue enajenada luego, el Estado acordará con el legítimo dueño una compensación. Las instituciones expoliadas tendrán doce meses para presentar sus reclamaciones.
Los greco-ortodoxos, que fueron los más perjudicados, recuperarán unos mil inmuebles. Un centenar volverán a manos de los cristianos armenios, ortodoxos o protestantes, y otros a judíos o a católicos de rito caldeo.
“Esta es una medida inédita en la historia de la República Turca”, comentó a propósito del decreto Kezban Hatemi, jurista especializado en derechos de las minorías, en declaraciones al periódico turco en inglés Today’s Zaman (28-08-2011). Desde ahora, añadió, “nuestros conciudadanos no musulmanes pueden sentirse iguales a los demás ciudadanos de Turquía”.
También hay opiniones menos favorables, como la de Harut Sassounian en The Armenian Weekly (30-08-2011). Este comentarista advierte que el decreto prevé devolver los bienes o su precio, pero no indemnizar a las instituciones religiosas por las expropiaciones, cosa que en cambio impone el TEDH. Por ejemplo, en la sentencia sobre el orfanato greco-ortodoxo mencionado arriba, Turquía fue condenada además a pagar al patriarcado 26.000 euros por daños. Viendo que seguirá perdiendo los pleitos por confiscaciones, el gobierno turco pretende con el decreto que lo inevitable le salga más barato, dice Sassounian. Por eso, concluye, las fundaciones no deberían retirar sus demandas ante el Tribunal de Estrasburgo.
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