Desaparecidos 8Lugar en el que Ayuntamiento de Badalona ha retirado una fuente y algunos bancos, ayer. JOSEP GARCIA
Ayuntamientos catalanes amplían el catálogo de medidas para aumentar el control del uso que los inmigrantes hacen del espacio público en barrios con elevadas tasas de extranjeros
El 28 de mayo del 2010 Lleida se convirtió en la primera ciudad de España en que se prohibía el uso del velo integral en equipamientos municipales. Una normativa impulsada por el alcalde, Àngel Ros (PSC), a la que luego se sumaron una decena de municipios catalanes de distinto signo político (Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Manresa, Tarragona, El Vendrell, Reus, Cunit, Figueres y Roses). Para no herir sensibilidades, algunos ayuntamientos recurrieron al eufemismo y vetaron la prenda sin citarla, ya que lo que se prohibió fue ir con la cara tapada en aras de la seguridad.
La restricción al velo integral coincidió, además, con un endurecimiento del discurso sobre los derechos y deberes de la inmigración. Tras los incidentes de Salt del 2010 y el 2011, la entonces alcaldesa, Iolanda Pineda (PSC), se erigió en portavoz de los alcaldes que exigían a la Generalitat y al Gobierno que se tuvieran en cuenta los informes municipales negativos a la hora de denegar permisos de residencia por arraigo a inmigrantes incívicos. Una petición que la secretaria de Estado Ana Terrón se comprometió a cumplir.
Políticas de choque
Algunos ayuntamientos han arbitrado políticas de choque claramente dirigidas al control de la inmigración en el espacio público. Es el caso de Salt y Badalona, donde se han cerrado fuentes para impedir el abastecimiento de agua en la vía pública. Aunque en el caso del municipio del Gironès el regidor de Servicios, Josep Valentí (CiU), argumenta que es una medida «para luchar contra el mosquito tigre», también alega las quejas de los vecinos y el despilfarro de agua. «Había gente que manipulaba los grifos de las fuentes para que saliera agua de forma continua y los dejaban abiertos toda la noche», explica Valentí. El resultado es que se han cerrado 26 de las 30 fuentes que hay en la ciudad.
Un problema similar ocurre en Badalona, cuyo alcalde, Xavier García Albiol (PP), declaró días atrás ante el juez como imputado por un presunto delito de xenofobia. Su concejal de Vía Pública, Daniel Gràcia, afirma que han cerrado tres fuentes porque «grupos de rumanos se bañaban desnudos y lavaban la ropa con detergente».
Badalona, y también L'Hospitalet, una población gobernada por el PSC, han desplazado o suprimido bancos públicos para impedir reuniones nocturnas por parte de grupos ruidosos. Santa Coloma de Gramenet ha ido más lejos y ha decretado el cierre, a partir de las 22.00 horas, de los bazares y pequeños colmados que abrían toda la noche. Su alcaldesa, Núria Parlón (PSC), considera que este tipo de establecimientos atraen a gente a altas horas de la madrugada para comprar alcohol, provocando ruidos y molestias a los vecinos.
Otro capítulo de este tira y afloja es el la prohibición de la construcción de mezquitas. Una oposición que algunos ayuntamientos justifican por motivos estéticos. El alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Cordón (CiU), ha revocado la licencia de obras que el ayuntamiento concedió a la comunidad musulmana porque no le gusta la estética árabe del proyecto del templo.
En Salt, sin embargo, los reparos que el consistorio de Jaume Torramadé (CiU) plantea a un centro de culto islámico se basan en que su actividad no se ajusta a los usos de la zona industrial donde se quiere construir, a pesar de que fue el propio ayuntamiento -cuando estaba gobernado por el PSC y ERC- el que obligó a las dos comunidades musulmanas que lo impulsan a ubicarlo en el polígono Torre Mirona.
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Ayuntamientos catalanes amplían el catálogo de medidas para aumentar el control del uso que los inmigrantes hacen del espacio público en barrios con elevadas tasas de extranjeros
El 28 de mayo del 2010 Lleida se convirtió en la primera ciudad de España en que se prohibía el uso del velo integral en equipamientos municipales. Una normativa impulsada por el alcalde, Àngel Ros (PSC), a la que luego se sumaron una decena de municipios catalanes de distinto signo político (Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Manresa, Tarragona, El Vendrell, Reus, Cunit, Figueres y Roses). Para no herir sensibilidades, algunos ayuntamientos recurrieron al eufemismo y vetaron la prenda sin citarla, ya que lo que se prohibió fue ir con la cara tapada en aras de la seguridad.
La restricción al velo integral coincidió, además, con un endurecimiento del discurso sobre los derechos y deberes de la inmigración. Tras los incidentes de Salt del 2010 y el 2011, la entonces alcaldesa, Iolanda Pineda (PSC), se erigió en portavoz de los alcaldes que exigían a la Generalitat y al Gobierno que se tuvieran en cuenta los informes municipales negativos a la hora de denegar permisos de residencia por arraigo a inmigrantes incívicos. Una petición que la secretaria de Estado Ana Terrón se comprometió a cumplir.
Políticas de choque
Algunos ayuntamientos han arbitrado políticas de choque claramente dirigidas al control de la inmigración en el espacio público. Es el caso de Salt y Badalona, donde se han cerrado fuentes para impedir el abastecimiento de agua en la vía pública. Aunque en el caso del municipio del Gironès el regidor de Servicios, Josep Valentí (CiU), argumenta que es una medida «para luchar contra el mosquito tigre», también alega las quejas de los vecinos y el despilfarro de agua. «Había gente que manipulaba los grifos de las fuentes para que saliera agua de forma continua y los dejaban abiertos toda la noche», explica Valentí. El resultado es que se han cerrado 26 de las 30 fuentes que hay en la ciudad.
Un problema similar ocurre en Badalona, cuyo alcalde, Xavier García Albiol (PP), declaró días atrás ante el juez como imputado por un presunto delito de xenofobia. Su concejal de Vía Pública, Daniel Gràcia, afirma que han cerrado tres fuentes porque «grupos de rumanos se bañaban desnudos y lavaban la ropa con detergente».
Badalona, y también L'Hospitalet, una población gobernada por el PSC, han desplazado o suprimido bancos públicos para impedir reuniones nocturnas por parte de grupos ruidosos. Santa Coloma de Gramenet ha ido más lejos y ha decretado el cierre, a partir de las 22.00 horas, de los bazares y pequeños colmados que abrían toda la noche. Su alcaldesa, Núria Parlón (PSC), considera que este tipo de establecimientos atraen a gente a altas horas de la madrugada para comprar alcohol, provocando ruidos y molestias a los vecinos.
Otro capítulo de este tira y afloja es el la prohibición de la construcción de mezquitas. Una oposición que algunos ayuntamientos justifican por motivos estéticos. El alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Cordón (CiU), ha revocado la licencia de obras que el ayuntamiento concedió a la comunidad musulmana porque no le gusta la estética árabe del proyecto del templo.
En Salt, sin embargo, los reparos que el consistorio de Jaume Torramadé (CiU) plantea a un centro de culto islámico se basan en que su actividad no se ajusta a los usos de la zona industrial donde se quiere construir, a pesar de que fue el propio ayuntamiento -cuando estaba gobernado por el PSC y ERC- el que obligó a las dos comunidades musulmanas que lo impulsan a ubicarlo en el polígono Torre Mirona.
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