lunes, 28 de junio de 2010

Islámicos creen que el debate sobre el burka es por intereses electoralistas

Madrid,27/06/2010,(EFE).

La Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) cree que el debate sobre el uso del burka es "ficticio" y puede deberse a intereses políticos "electoralistas", su planteamiento va "en contra la libertad religiosa" de las creyentes musulmanas y no responde a asuntos de orden público.

En un comunicado, la UCIDE se refiere a las iniciativas políticas encaminadas a prohibir el uso público de diferentes prendas que visten mujeres de esa confesión, como el burka y el niqab.

"En un momento político como el actual, con una crisis intensa, no entendemos el porqué de este debate; creemos que hay temas de interés para toda la sociedad que necesitan ser tratados urgentemente", y no éste, según la nota de prensa.

Comunidades Islámicas cree que se puede aplicar la legislación vigente en la identificación de personas, pues la comunidad musulmana "no tiene ningún problema en acatar las leyes vigentes como cualquier otro ciudadano"

Esta organización suscribe la Recomendación 1927 (de 2010) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, por la que se pide invitar a los Estados miembros a "no adoptar una prohibición general del uso del velo integral o de otras vestimentas religiosas o particulares", sino a "proteger a las mujeres contra toda violencia física y psicológica, así como su libre elección a usar o no una vestimenta religiosa o particular".

La misma Asamblea Parlamentaria señala, según la UCIDE, que "las mujeres musulmanas sufrirían una exclusión adicional si debieran abandonar los centros educativos, mantenerse alejadas de los lugares públicos y renunciar al trabajo fuera de su comunidad".

Sobre el burka, precisa que se trata de una vestimenta tradicional de Afganistán, "que no está presente en España", así que "no parece adecuado ni realista el debate sobre el mismo", mientras que los casos de uso del niqab son "muy minoritarios".

Por otro lado, esta organización reivindica sus derechos reconocidos en el Acuerdo de Cooperación con el Estado español en el año 1992, relacionados con la enseñanza religiosa islámica en Centros Educativos Públicos, lugares de culto adecuados y disponibilidad de cementerios.

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