Después de la prohibición del uso del velo integral en edificios municipal de la ciudad de Lleida, dos de las federaciones que agrupan las comunidades islámicas en Catalunya se han pronunciado contra esta medida. Los comunicados que han emitido la Federación Islámica de Cataluña (FICAT) y la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña (UCIDCAT) también apoyan a las tesis defendidas por Asuntos Religiosos de la Generalitat.
La nota de la FICAT concluye que "el hecho de prohibir el acceso a los servicios municipales y ciudadanos públicos es una discriminación a un sector de ciudadanos, por motivos de confesión religiosa" y lamentan que se haya tomado la medida "sin haber hecho unos mínimos esfuerzos de integración o de diálogo con las partes afectadas por la prohibición ". Además, según la FICAT "la prohibición de llevar el velo integral, por parte de las mujeres musulmanas, vulnera el Derecho Internacional y el Derecho a la Libertad de expresión y de religión de las mujeres para elegir su identidad o creencia" y temen que la prohibición de llevar el velo sea un pretexto "para distorsionar las bases fundamentales de un estado aconfesional donde las personas tienen derecho a profesar sus convicciones con normalidad y respeto".
El documento de la FICAT es manifiesta también "a favor de que la democracia sana y consensuada sea el terreno desde el que se resuelvan los debates sociales o políticos utilizando un diálogo más sereno, evitando la instrumentalización y los intereses partidistas".
Por otra parte, el comunicado de la UCIDCAT se manifiesta en términos similares y expresa la "inquietud y el malestar por la politización, y la utilización partidista de una cuestión que, actualmente, es inexistente" y que este debate mediático y político sólo "nos llevará el endurecimiento de determinadas posiciones y actitudes, y lo único que conseguiremos es estigmatizar una vez más un colectivo de ciudadanas musulmanas. Más que ayudarlas, las estaremos derrumbando y aislante un poco más todavía ".
El UCIDCAT alerta sobre la posibilidad de que "este debate genere un aumento de la islamofobia" y que el precedente de Lleida pueda impulsar a otros municipios a "adoptar medidas que no sólo tengan por objetivo restringir la libertad individual, sino restringir también el principio constitucional y fundamental de la libertad religiosa, especialmente entre las religiones minoritarias ".
Las dos entidades dan apoyo explícito a las declaraciones del vicepresidente del gobierno de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira, y de la directora general de Asuntos Religiosos, Montserrat Coll, contrarias a la prohibición del Ayuntamiento de Lleida.
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