El arzobispo de Burgos espera que la revisión de la ley de 1980 anunciada por Fernández de la Vega no se utilice «contra la fe mayoritaria»
Madrid,09.05.08,EUROPA PRESS
El anuncio sobre una reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (1980) hecho anteayer por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha desatado la polémica y las diferencias de opiniones en los sectores afectados. La Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE), integrada por colegios católicos concertados y privados, y la Confederación Nacional Católica de Padres de Alumnos (Concapa) exigieron ayer al Gobierno que les «tenga en cuenta» si se produce esa revisión y le recordaron que en España «los creyentes son mayoría».
El secretario general de la FERE, Manuel de Castro, señaló que «no es necesario» cambiar la Constitución Española, ya que, a su juicio, «con la condición de aconfesional se garantiza perfectamente la separación entre la Iglesia y el Estado». El presidente de Concapa, Luis Carbonel, afirmó que, con esta iniciativa, el Ejecutivo «no pretende ampliar la libertad religiosa, sino imponer el laicismo». «En lugar de preocuparse por lo que de verdad le importa a la ciudadanía, como es la crisis económica, se pone a practicar la ingeniería social», aseveró.
Aunque la Conferencia Espiscopal ha pospuesto su opinión hasta conocer más a fondo la propuesta, el arzobispo de Burgos, Francisco Gil Hellín declaró que espera que la reforma «consagre» esa libertad y no se convierta en un instrumento contra los seguidores de la fe mayoritaria en España. En una rueda de prensa para solicitar a los contribuyentes que marquen la casilla de la Iglesia católica en sus declaraciones de la Renta, Gil Hellín explicó que esa reforma, si se lleva a cabo, será «bienvenida».
El presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Alejandro Fernández Barrajón, opinó que el anuncio de María Teresa Fernández de la Vega es «un globo sonda» y explicó que hay que esperar a ver en qué términos se produce para valorarlo.
Según el mercedario, es «legítimo» que el Gobierno plantee cualquier reforma y, además, es «su obligación».
Respaldo musulmán
Para el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas en España (UCIDE), Riay Tatary «el Estado no puede mezclarse con ninguna religión y debe apoyar por igual a todas en derechos y en deberes». Tatary consideró que el anuncio del cambio es «positivo» porque el país necesita realizar su «transición religiosa». Desde su punto de vista, es necesario una puesta al día de la ley vigente porque «España no es la que era hace 30 años».
«Sarta de disparates»
En el espectro político, el PP se mostró crítico desde distintos frentes. Manuel Fraga, calificó la propuesta del Gobierno de «sarta de disparates» y subrayó que «en este momento no viene nada mal» la estructura actual de separación Iglesia y Estado, pero en la que «se tiene en cuenta a la mayoría católica». Criticó que, en un contexto de «fuerte crisis económica», lo que se le «ocurre» al Ejecutivo «para arreglar las cosas» sea «hacer más laico el Estado».
También el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Luis Ayllón, se mostró en es línea al calificar la reforma de «cortina de humo» y exigir al Ejecutivo que se centre en «los problemas reales» de los españoles.
«Plena satisfacción»
Desde las filas del PSOE, el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso y miembro de la Ejecutiva Federal, Álvaro Cuesta, expresó «su plena satisfacción» por la decisión del Gobierno de acometer la reforma y confía en que sirva para impulsar la «laicidad positiva». Cuesta tachó de «infundados» y «caducos» los recelos del PP, que teme que esta modificación se utilice para legislar contra la religión católica.
Gaspar Llamazares (IU) reclamó que la futura legislación incluya la reconsideración de las relaciones con el Vaticano y el papel de la religión en las escuelas, además de un cambio en los modelos que existen en la administración «y que mezclan lo civil y lo religioso».
Islam España es el portal del islam en lengua española , un proyecto de futuro para la convivencia,la cooperación y el diálogo.
Madrid,09.05.08,EUROPA PRESS
El anuncio sobre una reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (1980) hecho anteayer por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha desatado la polémica y las diferencias de opiniones en los sectores afectados. La Federación Española de Religiosos de Enseñanza (FERE), integrada por colegios católicos concertados y privados, y la Confederación Nacional Católica de Padres de Alumnos (Concapa) exigieron ayer al Gobierno que les «tenga en cuenta» si se produce esa revisión y le recordaron que en España «los creyentes son mayoría».
El secretario general de la FERE, Manuel de Castro, señaló que «no es necesario» cambiar la Constitución Española, ya que, a su juicio, «con la condición de aconfesional se garantiza perfectamente la separación entre la Iglesia y el Estado». El presidente de Concapa, Luis Carbonel, afirmó que, con esta iniciativa, el Ejecutivo «no pretende ampliar la libertad religiosa, sino imponer el laicismo». «En lugar de preocuparse por lo que de verdad le importa a la ciudadanía, como es la crisis económica, se pone a practicar la ingeniería social», aseveró.
Aunque la Conferencia Espiscopal ha pospuesto su opinión hasta conocer más a fondo la propuesta, el arzobispo de Burgos, Francisco Gil Hellín declaró que espera que la reforma «consagre» esa libertad y no se convierta en un instrumento contra los seguidores de la fe mayoritaria en España. En una rueda de prensa para solicitar a los contribuyentes que marquen la casilla de la Iglesia católica en sus declaraciones de la Renta, Gil Hellín explicó que esa reforma, si se lleva a cabo, será «bienvenida».
El presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Alejandro Fernández Barrajón, opinó que el anuncio de María Teresa Fernández de la Vega es «un globo sonda» y explicó que hay que esperar a ver en qué términos se produce para valorarlo.
Según el mercedario, es «legítimo» que el Gobierno plantee cualquier reforma y, además, es «su obligación».
Respaldo musulmán
Para el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas en España (UCIDE), Riay Tatary «el Estado no puede mezclarse con ninguna religión y debe apoyar por igual a todas en derechos y en deberes». Tatary consideró que el anuncio del cambio es «positivo» porque el país necesita realizar su «transición religiosa». Desde su punto de vista, es necesario una puesta al día de la ley vigente porque «España no es la que era hace 30 años».
«Sarta de disparates»
En el espectro político, el PP se mostró crítico desde distintos frentes. Manuel Fraga, calificó la propuesta del Gobierno de «sarta de disparates» y subrayó que «en este momento no viene nada mal» la estructura actual de separación Iglesia y Estado, pero en la que «se tiene en cuenta a la mayoría católica». Criticó que, en un contexto de «fuerte crisis económica», lo que se le «ocurre» al Ejecutivo «para arreglar las cosas» sea «hacer más laico el Estado».
También el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Luis Ayllón, se mostró en es línea al calificar la reforma de «cortina de humo» y exigir al Ejecutivo que se centre en «los problemas reales» de los españoles.
«Plena satisfacción»
Desde las filas del PSOE, el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso y miembro de la Ejecutiva Federal, Álvaro Cuesta, expresó «su plena satisfacción» por la decisión del Gobierno de acometer la reforma y confía en que sirva para impulsar la «laicidad positiva». Cuesta tachó de «infundados» y «caducos» los recelos del PP, que teme que esta modificación se utilice para legislar contra la religión católica.
Gaspar Llamazares (IU) reclamó que la futura legislación incluya la reconsideración de las relaciones con el Vaticano y el papel de la religión en las escuelas, además de un cambio en los modelos que existen en la administración «y que mezclan lo civil y lo religioso».
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