CAÑADA REAL (Madrid) 19.10.2007, Madridpress.com
La juez prolonga así la suspensión provisional de derribo determinada por un plazo de 3 días, por lo que "de momento evidentemente no se van a demoler las siete viviendas", manifestó García Lázaro.
Por su parte, la abogada de las siete familias de rumanos que habitan en las viviendas cuyo derribo ha sido paralizado durante el tiempo que dure el procedimiento judicial, Eva Navarrete, confirmó a Europa Press que ha recibido "el auto que confirma la suspensión de las órdenes de desalojo y demolición".
"Ahora el Ayuntamiento tendrá que traspasarnos el expediente administrativo del caso, esperamos que el lunes o el martes, y tendremos 20 días para formalizar la demanda ante el mismo juzgado, ya habiendo estudiando el fondo del asunto y viendo qué posibilidades jurídicas tenemos", argumentó Navarrete.
La abogada, que calculó que la vista para el juicio podría retrasarse hasta finales de 2008 o incluso 2009, adelantó que "una vez tramitado el recurso, la sentencia decidirá si el acto de la Administración fue correcto y entonces procederá al desalojo y demolición, o si fue contrario a derecho y los vecinos se pueden quedar con sus casas". "Entonces el Ayuntamiento volvería a empezar otra vez, es de suponer, pero haciendo las cosas correctamente", añadió Navarrete.
El razonamiento jurídico aportado por la juez para justificar su decisión de confirmar la suspensión cautelar del derribo fue "breve" y se refería a que "las casas objeto de derribo constituyen el domicilio de estas familias". "Aunque las construcciones a demoler son infraviviendas, su demolición supondría perjuicios de difícil o imposible reparación al tratarse del domicilio de familias", reza la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press.
"Es decir, que aunque luego se analice el fondo del asunto, si la Administración actuó correctamente o no, si luego nos dieran la razón y ya se hubieran tirado esas casas, los perjuicios ocasionados ya no se podrían reparar", explicó Navarrete.
Paralelamente a la formalización de la denuncia por parte de las familias afectadas, el Ayuntamiento de Madrid también tiene 15 días hábiles para recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la decisión tomada hoy por la jueza.
"En cualquier caso, yo aporté al juzgado una sentencia del TSJM que tenía esta misma fundamentación jurídica, así que aunque el Ayuntamiento puede recurrirla es de esperar que el Tribunal confirmara la resolución del juzgado", concluyó Navarrete.
9 DETENIDOS
Los nueve detenidos ayer en los disturbios que se produjeron en la Cañada Real Galiana pasaron a disposición judicial anoche por presunto atentado contra la autoridad y desorden público, según informaron a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior de Policía.
Entre los detenidos se encuentra un joven de 18 años, que también sufrió un fuerte golpe en el ojo; el padre de la familia desalojada, de nacionalidad marroquí, y otros tres conciudadanos suyos por intento de robo del arma de fuego reglamentaria de un agente de la Policía Local.
El enfrentamiento comenzó sobre las 9:00 horas de ayer cuando la Unidad de Intervención Policial (UIP), conocidos como 'antidisturbios', y la Unidad Central de Seguridad de Policía Municipal acudieron a la zona musulmana de la Cañada Real, situada a unos 15 kilómetros de Madrid capital, para desalojar y derribar la vivienda de Abdelilah y Fátima, un matrimonio marroquí con dos hijos pequeños.
Alertados por las excavadoras y los furgones policiales, unos 200 vecinos se echaron a la calle y se apostaron en la puerta de la casa para impedir el derribo, que iba a realizarse en cumplimiento de una orden judicial, notificada previamente a la familia en tres ocasiones.
A partir de ahí se produjo una batalla campal entre las fuerzas del orden y los vecinos de la Cañada Real que se saldó finalmente con una treintena de heridos, dieciséis de ellos agentes, y nueve detenidos.
Islam España es el portal del islam en lengua española , un proyecto de futuro para la convivencia,la cooperación y el diálogo.
La juez prolonga así la suspensión provisional de derribo determinada por un plazo de 3 días, por lo que "de momento evidentemente no se van a demoler las siete viviendas", manifestó García Lázaro.
Por su parte, la abogada de las siete familias de rumanos que habitan en las viviendas cuyo derribo ha sido paralizado durante el tiempo que dure el procedimiento judicial, Eva Navarrete, confirmó a Europa Press que ha recibido "el auto que confirma la suspensión de las órdenes de desalojo y demolición".
"Ahora el Ayuntamiento tendrá que traspasarnos el expediente administrativo del caso, esperamos que el lunes o el martes, y tendremos 20 días para formalizar la demanda ante el mismo juzgado, ya habiendo estudiando el fondo del asunto y viendo qué posibilidades jurídicas tenemos", argumentó Navarrete.
La abogada, que calculó que la vista para el juicio podría retrasarse hasta finales de 2008 o incluso 2009, adelantó que "una vez tramitado el recurso, la sentencia decidirá si el acto de la Administración fue correcto y entonces procederá al desalojo y demolición, o si fue contrario a derecho y los vecinos se pueden quedar con sus casas". "Entonces el Ayuntamiento volvería a empezar otra vez, es de suponer, pero haciendo las cosas correctamente", añadió Navarrete.
El razonamiento jurídico aportado por la juez para justificar su decisión de confirmar la suspensión cautelar del derribo fue "breve" y se refería a que "las casas objeto de derribo constituyen el domicilio de estas familias". "Aunque las construcciones a demoler son infraviviendas, su demolición supondría perjuicios de difícil o imposible reparación al tratarse del domicilio de familias", reza la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press.
"Es decir, que aunque luego se analice el fondo del asunto, si la Administración actuó correctamente o no, si luego nos dieran la razón y ya se hubieran tirado esas casas, los perjuicios ocasionados ya no se podrían reparar", explicó Navarrete.
Paralelamente a la formalización de la denuncia por parte de las familias afectadas, el Ayuntamiento de Madrid también tiene 15 días hábiles para recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la decisión tomada hoy por la jueza.
"En cualquier caso, yo aporté al juzgado una sentencia del TSJM que tenía esta misma fundamentación jurídica, así que aunque el Ayuntamiento puede recurrirla es de esperar que el Tribunal confirmara la resolución del juzgado", concluyó Navarrete.
9 DETENIDOS
Los nueve detenidos ayer en los disturbios que se produjeron en la Cañada Real Galiana pasaron a disposición judicial anoche por presunto atentado contra la autoridad y desorden público, según informaron a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior de Policía.
Entre los detenidos se encuentra un joven de 18 años, que también sufrió un fuerte golpe en el ojo; el padre de la familia desalojada, de nacionalidad marroquí, y otros tres conciudadanos suyos por intento de robo del arma de fuego reglamentaria de un agente de la Policía Local.
El enfrentamiento comenzó sobre las 9:00 horas de ayer cuando la Unidad de Intervención Policial (UIP), conocidos como 'antidisturbios', y la Unidad Central de Seguridad de Policía Municipal acudieron a la zona musulmana de la Cañada Real, situada a unos 15 kilómetros de Madrid capital, para desalojar y derribar la vivienda de Abdelilah y Fátima, un matrimonio marroquí con dos hijos pequeños.
Alertados por las excavadoras y los furgones policiales, unos 200 vecinos se echaron a la calle y se apostaron en la puerta de la casa para impedir el derribo, que iba a realizarse en cumplimiento de una orden judicial, notificada previamente a la familia en tres ocasiones.
A partir de ahí se produjo una batalla campal entre las fuerzas del orden y los vecinos de la Cañada Real que se saldó finalmente con una treintena de heridos, dieciséis de ellos agentes, y nueve detenidos.
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